Durante el encuentro virtual, se destacaron los ejes del convenio, los cuales están vinculados a la generación de empleo asociativo, la inserción laboral, la protección contra el trabajo infantil y la autonomía económica.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, Pedro Americo Furtado De Oliveira, firmaron un convenio para fomentar la inclusión sociolaboral, a través de ejes vinculados a la generación de empleo asociativo, la inserción laboral, la protección contra el trabajo infantil y la autonomía económica.
“Nuestra tarea es impulsar la movilidad social ascendente y generar las condiciones necesarias para que quienes están en situación informal o con dificultades puedan dar un salto y acceder al empleo”, explicó Arroyo, al celebrar el acuerdo que, dijo, “ayudará a promover y potenciar el trabajo decente en todo el país”.
Durante el encuentro, que se realizó de manera virtual, estuvieron presentes también la secretaria de Articulación de Política Social del Ministerio, Erika Roffler; y el especialista en empleo y desarrollo productivo Christoph Ernst, quien fue designado por la OIT para reemplazar a Furtado De Oliveira como director en Argentina, además de otros representantes del organismo internacional.
Roffler aseguró que “la cooperación técnica que brindará la OIT nos permitirá fortalecer las políticas públicas que estamos planificando para la pospondemia” y resaltó que también “posibilitará potenciar la inclusión de las políticas de cuidado, en tanto las entendemos como una línea estratégica en la agenda de las políticas sociales”.
El convenio tiene como objetivo desarrollar proyectos de cooperación técnica en ejes vinculados con la inserción laboral de los titulares de programas de la economía social y programas de generación de empleo asociativo y economía social: capacitación, desarrollo de capacidades locales, articulación con las políticas activas de empleo y políticas de promoción industrial.
También en políticas relativas a niñez, adolescencia y familia, como trabajo infantil, trabajo adolescente protegido y el rol de protección, reparación y regulación de los derechos vulnerados; mujeres cuidadoras y espacios de cuidado (comedores comunitarios, espacios menos formalizados); violencia de género y autonomía económica de las mujeres, entre otros.